Cacería de brujas

La cacería al hombre comienza con la caída del régimen en plaza. Generalmente, el nuevo gobierno procede a cambiar las cabezas de la Alta Administración. En su lugar designa a hombres de confianza propensos a ejecutar el plan de gobierno por el que fueron elegidos. En condiciones normales no hay nada que pueda sorprender. Son prácticas comúnmente empleadas en todas partes del mundo, cualquiera que sea la naturaleza del nuevo poder. Tal es nuestro caso, sobre todo que se sale de un periodo de oscurantismo oriental reflejada por la sonrisa amarilla del hombrecillo al cinismo repugnante, donde el poder político busco perpetuarse corrompiendo y manejando al país como si tratara de un vulgar teatro de marionetas.Durante el fujimorato, se nombró a dedo con la intención de tejer una enorme telaraña con el fin de poder tirar todos los hilos de la corrupción mediante el amendrantamiento, la difamación, la calumnia, la denigración, el soborno, el chantaje, el rapto y hasta la liquidación física de las personas. Todo era cubierto bajo el manto del encubrimiento, la connivencia, la complicidad.Sin embargo, a pesar de que se tiene que realizar el limpiado y el lavado de los establos de la república, retirando, ipso facto, todo aquel que se le probó un grado comprometedor de culpabilidad en delitos graves, habiendo provocado el debilitamiento institucional así como la contaminación mental y moral de los buenos funcionarios que sirven lealmente al Estado, a pesar de ello, se les respetara su derecho a una defensa legal tal y como esta establecido por el Estado de derecho. Serán puestos a la disposición de la Justicia para que rindan cuentas a la Nación. Serán juzgados en toda transparencia y equidad evitando de caer en el revanchismo inútil. El derecho de presunción de inocencia del acusado sera respetado hasta el establecimiento de la prueba instrumental del delito. De la misma manera, será sentenciado con una pena en relación estrecha a la gravidad del delito. El Poder Judicial debe tener en cuenta de la ejemplaridad de la pena. No se tiene porque tener miramientos ni clemencias. Los delitos menores deben ser tratados en el sentido de la reconciliación con el fin de darles una oportunidad de enmienda con la sociedad, pagando la deuda con trabajo de utilidad colectiva. Por otro lado, los reincidentes enfrentarán el mismo trato reservado a los culpables de delitos mayores. La ley debe armarse de una inflexibilidad de acero. A propósito, la ley tiene que prever la disminución de la pena en función del arrepentimiento sincero del culpable, sino que también debe exigir la devolución voluntaria o por coacción de los bienes sustraídos. Urge el restablecimiento de los fueros competentes en la materia de administración de justicia para los militares y policías que incurren en delitos de enriquecimiento ilícito. Asimismo, el levantamiento del secreto telefónico y bancario pondría limites a la inmunidad y a la impunidad de los padres de la patria.Lo que no estaría conforme a la continuidad del buen funcionamiento de la estructura político-administrativa y, por ende, el de los servicios públicos, sería que cuando se modifique el ejecutivo y/o el legislativo, se asista al fenómeno del guayco arrastrando a todas las cabezas sin distinción. Es por ello, que se necesita implementar un mecanismo permitiendo la evaluación de los funcionarios del Estado, en general. El país necesita que la sucesión de alternancias políticas se apoyen sobre un soporte, cuyo núcleo es conformado por los más aptos y probos.La cacería de brujas opera cuando se procede sistematicamente al "nettoyage par le vide", es decir, cuando se ejecuta una razzia, una batida general. El inconveniente es que si no se tiene en cuenta el cuadro de méritos basado sobre el estado de servicios reales, pagarán los justos por pecadores.Es por ello que en el esfuerzo nacional de moralización cívica de la sociedad, debemos recurrir a la recuperación de los mejores elementos de la función pública, los cuales se erigirán no solamente como los verdaderos baluartes sino también como los garantes de la nueva institucionalidad democrática. El Consejo Nacional de Ética y Moral, tiene entre otras prerrogativas, el derecho de control de la hoja de ruta de los funcionarios públicos. El reconocimiento oficial de la probidad de los funcionarios, materializado por un ascenso jerárquico acompañado del aumento merecido, es el mejor aliento a la emulación. Particularmente, cuando el ejemplo viene del Estado, siendo el más grande patrón de las empresas públicas, entonces, se produce un efecto multiplicador en el resto de la pirámide de la administración pública. Incluso, repercute favorablemente en todas las categorías socio-económicas y profesionales.Si su gestión es fluida, sana y seria, evidentemente, que todos los trabajadores públicos imitarían su conducta, en la medida que las remuneraciones son dignas y suficientes para poder tranquilamente subvenir a las necesidades de la familia. La contrapartida es cuando el abuso de poder se acompaña de corrupción que genera el despilfarro. Por consiguiente, la concentración del poder y de la riqueza desequilibra el erario nacional. La escasez y la penuria crea celos y codicia. El desmoronamiento de una conducta básica engendra el sentimiento de impotencia. La perdida de entusiasmo y de motivación arrastra la dejadez, el ocio y la falta de interés en la utilidad social. Consecuentemente, la caída del interés general es inminente. Luego, la necesidad se hace imperiosa. La ocasión hace el ladrón. "Si todos roban, porque no lo haré yo, si es para defender los intereses de mi familia". Se repite sin cesar el hombre probo y pobre.Así se asiste a la banalisacion de la corrupción.
MeropeParis/20.12.99