Utopía realista

La construcción racional del destino del Perú pasa por la explicación y la aplicación de cuatro principios fundamentales inherentes a toda democracia moderna:El realismo político, el pragmatismo económico, el dinamismo social y el idealismo moral.
EL REALISMO POLÍTICO
Entre el Estado y la sociedad civil hay la Ley, el espíritu de la ley y la aplicación de la ley.De lo que se trata es que la Democracia debe funcionar según los principios básicos de arte de gobernar lo necesariamente posible. Según los propios medios humanos, financieros y materiales se tiene que construir un sistema político sano, responsable y durable; donde el Estado y el Mercado deben ser centrados sobre la persona humana. La Democracia se funda sobre el Estado de Derecho basado en el respeto a la Constitución y a las leyes de la República. Ello conlleva al establecimiento del cuadro jurídico-constitucional que determina los límites del accionar individual y colectivo, en el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales del hombre y del cuidadano. Porque la realización del ser humano pasa también por el pensamiento, la información, la opinión y la expresión emitidos en lugares públicos y privados.El dialogo, la tolerancia y la búsqueda constante de consensos obtenidos mediante la solución negociada, son los instrumentos de la razón afán de fortalecer y preservar el espacio democrático. La democracia moderna es participativa y representativa. La participación activa, analítica y permanente de la ciudadanía en la toma y ejecución de decisiones determina el grado de vitalidad de un gobierno democrático. La democracia es la obra de todos los ciudadanos de buena voluntad, deseosos de vivir en comunidad inteligente.La modernización de la sociedad y del Estado esta supeditado a la recuperación y a la restauración de la institucionalidad democrática. A priori, su restablecimiento impone el lavado de los establos de la República. De nada sirve entusiasmarse en la concepción y en la elaboración de un proyecto de sociedad si la mejor intención de gobernabilidad posible no es precedida de una purga indispensable a todas las estructuras orgánicas del poder Para ello, prescinde de una reforma del Estado necesaria al regreso del respeto a la Constitución Política de 1979 y a las leyes de la República.Solo el Legislador puede pronunciar las modificaciones necesarias a la modernización de las instituciones del Estado. Todo acto con miras a alterar el orden constitucional exige del pueblo, el ejercicio inalienable a la desobediencia civil y a la insurgencia. La democracia rige el espacio ocupado por los actores principales de la vida política del país. Las reglas de juego son basadas sobre la transparencia en la separación y en la independencia de los poderes del Estado.El Estado, los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones y los ciudadanos son el sustento socio-político de las instituciones públicas. Ellos deben ocupar constantemente el espacio democrático con el fin de asegurar el equilibrio institucional del poder, condición indispensable a la estabilidad, a la tranquilidad pública, a la seguridad ciudadana y a la confianza publica.La vida política de una Nación con miras a un futuro sano, fuerte y prometedor debe inspirarse de la concepción de un Estado moderno y descentralizado, de partidos políticos con representatividad masiva. La democracia también se construye con partidos políticos sólidos, serios y responsables y con sindicatos fuerte y consensuales al diálogo y a la concertación negociada con los empresarios públicos y privados. Solo la madurez puede evitar el enfrentamiento inútil que conlleva a la falta total de respeto de los derechos de los trabajadores ó al paro, a la asfixia y a la ruina del aparato productivo nacional. Las soluciones negociadas puestas sobre la mesa exigen concesiones razonables de las dos partes. Sobre la plataforma inteligente del interés nacional, los acuerdos primaran sobre los conflictos laborales. La diversidad compulsiva de los partidos y de los sindicatos dispersa y debilita las energías de un país democrático.El manejo serio, honesto y responsable de la Cosa Pública es la clave del éxito para un país. Claro, ello permite construir una sociedad política sana, madura y robusta. Si las instituciones democráticas y los órganos estructurales del poder funcionan al máximo de su rendimiento procurando un sentimiento de tranquilidad a cada miembro de la comunidad política; entonces, es normal que la tolerancia y la prudencia se den los medios para poner en pie, un dispositivo que garantice el mantenimiento de este clima de concordia. Es por ello, la vital importancia que juega la participación cuidada en la vida política de un país, en la medida que su presencia activa en la escena pública, reduce los factores de desorden público al rol de disturbios ocasionales y previsibles. Pero, ante todo, la sociedad civil y política debe fortificar y ampliar los órganos de control de los poderes del Estado. Sin influenciar ni obstruir el buen funcionamiento del aparato estatal, una Procuraduría de la Nación encargada del curso judicial de los expedientes de los responsables públicos comprometidos en asuntos de abuso de poder, tráfico de influencias; etc debe tomar medidas drásticas, afín de proteger la eficiencia de la moralidad pública. Solo la vigilancia ciudadana puede impedir la degeneración de la salud pública de un país traduciendo ante los tribunales todo aquel que trata ó que se deja corromper. Mientras la solidez republicana del pacto institución- ciudadano se traduzca en los hechos por una estabilidad permanente, todos los intentos autoritarios ó dictatoriales no tendrán la fuerza suficiente para derrumbar al mejor de todos los gobiernos.La concentración del poder favorece en la penumbra de la espesa opacidad, al reino del arbitrio. Las decisiones son tomadas en los niveles confusos y ocultos de las zonas de influencia, completamente desconectadas de las particularidades especificas de las realidades locales. Es por esta razón que el esquema perdura desde el nacimiento de la República. Conviene perfectamente al mantenimiento de un modus vivendi que ya no tiene razón de ser en nuestros tiempos modernos. Hay que traerlo abajo. Es impensable que en nuestra era de imagen numérica y de democratización mundial de la comunicación, aún conservamos regímenes políticos erigidos sobre una "democracia" infantilizada donde una estúpida minoría es capaz de todo para imponer y perpetuar el acaparamiento del poder político y de las riquezas naturales.Es urgente y necesario la reforma política del Estado. La ley de la Descentralización debe entrar en vigor lo antes posible porque es el factor determinante de todo Plan de Gobierno democrático. Esto impulsará la optimización de las `potencialidades individuales y colectivas debido a una mejor responsabilización de las autoridades locales. El Estado y las colectividades territoriales participarán en la realización de proyectos de construcción y de renovación de las infraestructuras básicas. Para ello, una buena recaudación fiscal, una lucha eficaz al contrabando y el saneamiento del presupuesto público permitirían de elaborar una política de financiamiento de la reversión económica a corto plazo. Bien administra los fondos públicos supone también echar las bases del nuevo edificio democrático. El sector privado, de un lado, motivado por los incentivos tributarios, fiscales, financieros y arancelarios y, de otro lado, por la modernización de la red de servicios públicos, yendo del teléfono a las carreteras y pasando por el transporte rutero, fluvial y marítimo de mercaderías y de abastecimiento en insumos; invertirá en unidades de producción en el sitio mismo donde la materia prima necesita ser transformada en valor agregado. El Estado debe impulsar, canalizar y orientar el entusiasmo y el dinamismo de las micro, pequeña y mediana empresa rumbo a la descentralización económica. El reequilibrio demográfico es vital para la fluidez en la transmisión de energías y aptitudes sobre el territorio nacional. La transferencia de competencias desplaza el poder de decisión hacia los gobiernos locales. Solo la autonomía fiscal y financiera de los municipios permite el tratamiento directo y eficaz de los problemas reales propios a cada localidad, por más remotos que sean. De allí la importancia de la reorganización de la viabilidad del territorio nacional. El estado de la red de transportes y de telecomunicaciones es el reflejo fiel de la salud económica de un país. El progreso se mide en la rapidez del intercambio de mercaderías, dinero, hombres e ideas. Al Estado central y a los Gobiernos Locales les compite la orientación de la inversión pública hacia la modernización de las infraestructuras y hacia el gasto social.El Estado tiene que intervenir en sus sectores reservados. Luego, limitar su rol de regulador del espacio consensual en los otros sectores donde la sociedad civil ocupa el liderazgo del desarrollo económico.
EL PRAGMATISMO ECONÓMICO
La regla de base es la siguiente: El Estado es como el hogar, no tiene porque gastar más de lo que se gana ó posee.La política social tiene un costo financiado en parte por el sector económico. Solo la voluntad política del Estado puede jugar el rol de regulador del cuadro jurídico necesario a la expansión del espacio económico, creador de riqueza. Si hay dinero en las arcas, el Estado puede asegurar su rol de promotor del progreso y del bienestar social.En el estado actual de las cosas, el próximo Gobierno debe poner en marcha una política económica centrada en el principio del dominio de lo manejable. Hacer lo que es viable según los medios puestos al alcance.La ejecución de la política económica del país debe realizarse en dos tiempos dos movimientos. Es decir, de un lado, engendrar a corto plazo la reversión económica gracias a la política macro-económica resuelta dirigida hacia el equilibrio de los indicadores de tendencia, traducidos en logros palpables e inmediatos. Durante el periodo de gracia presidencial, la reactivación económica debe alimentar al fenómeno del dómino. Para ello, el Estado sereno y sólido debe utilizar, en su rol de regulador y promotor todos los instrumentos, mecanismos y dispositivos puestos a su disposición para intervenir, anticipar y corregir los lineamientos básicos de su política económica y social. El mal uso hacen las malas políticas.De otro lado, proyectándose en el futuro, se tiene que tomar las medidas adecuadas al desarrollo económico sostenido y descentralizado.El despegue económico de una Nación puede cristalizarse en la convergencia de los dos puntos capitales de la voluntad política en vista de la reestructuración económica: La inversión pública y la inversión privada. Ello traería como consecuencia directa el reparto recíproco y complementario en el repunte del país. El Estado toma a su cargo la modernización de las infraestructuras de la sociedad y el sector privado dota al país de un aparato productivo competitivo.Puesto que el Gobierno conduce la política de la Nación, de todas formas, la política económica obedece a un acto de dirigismo voluntario.En el caso de una reactivación a corto plazo, un paquete de medidas de urgencia son orientadas a la obtención de resultados concretos con el aumento del PBI a 3.32% haciendo beneficiar una creación de alrededor 400,000 nuevos puestos de trabajo y el aumento del consumo per capita de 1%.Primero, el problema del financiamiento sera resuelto en razón del saneamiento de las entradas fiscales de un monto aproximado de US$ 170 millones para los tres primeros meses. Una lucha implacable contra el contrabando y la elusión y la evasión fiscal permitirá una mejor recaudación; la cual sera amplificado paralelamente de una mejor optimización tributaria de Aduanas y Sunat. De por si, ineluctablemente se impone la reestructuración del Gasto Público procediendo a recortes substanciales en ciertos presupuestos improductivos como son el sector Defensa en periodo de Paz, los viáticos de representación, de los servicios públicos y de los viajes al exterior.Segundo. La inversión pública hacia la modernización de las infraestructuras descentralizadas debe ser acompañada de incentivos monetarios, fiscales, arancelarios, aduaneros hacia las micro y pequeñas empresas con mejor capacidad a la generación de puestos de trabajo. La reducción parcial y progresiva de los impuestos indirectos y antitecnicos(IES, ISC, etc), del encaje promedio bancario que podría pasar del 38% al 36%; del IGV actualmente en 18% pudiendo pasar hasta a 16%. Congelar los impuestos a los combustibles o prever la creación de un mecanismo de compensación gracias a un fondo destinado a evitar los sobresaltos bruscos de los precios. Llevar la tasa del impuesto a la renta del 30% al 15%. Estimular el acceso al crédito agrario con miras a superar la economía de subsistencia convirtiéndola en economía de marcado nacional e internacional moderna y competitiva capable de atraer al inversionista por medio de beneficios tributarios tanto a la agricultura como a la agro-industria.El Estado, los gobiernos locales y el mundo empresarial deben impulsar el dinamismo creador de un ciclo de crecimiento suceptible de mejoramiento, prosperidad y bonanza. Para poder estabilizar y afianzar al crecimiento económico sostenido y descentralizado a un ritmo anual de 7%, se requiere una inversión promedio anual nueva de US$ 4,500 millones, lo que permitería duplicar el valor de las exportaciones a un valor superior a los US$ 14,000 millones.
EL DINAMISMO SOCIAL
Solo es posible con un Estado insertado realmente a la sociedad. La política social del Estado también se rige sobre los principios básicos de la economía domestica. No se puede gastar más de lo que no se gana ó posee. Por lo tanto, el Presupuesto de la República asignado al gasto social tiene que ser administrado de la mejor forma posible afín que llegue a su destinatario casi en su totalidad. Los fondos públicos destinados a la inversión social tienen que ser declarados intangibles, inviolables bajo pena de multa y prisión para quién infrinja la ley. El dinero de todos no tiene porque diluirse, reducirse, perderse y desaparecerse durante el tránsito por la burocracia. A priori, el enemigo del Estado esta dentro del propio Estado. De qué sirve que la economía sea manejada responsablemente arrojando sucesivos y permanentes superávit, contribuyendo a la creación y aumento de la riqueza nacional y por ende, el Presupuesto pueda ampliar el gasto social si los empleados públicos nombrados y/ó contratados dilapidan hasta el 80% en planillas doradas, incluidas las sobredimensionadas y las fantasmas.
Entonces, en estas circunstancias, lo primordial es podar las ramas hasta acabar con la lacra social de cuello blanco.
EL IDEALISMO MORAL
En el artículo Los establos de la República ya hemos tratado el problema de la corrupción.Puesto que los tentáculos del comercio penetran los pasillos del poder, entonces, la ley preve el castigo del delito económico de responsables públicos. Esto no se cumple porque ellos actúan cubiertos por una impunidad complaciente.
Es por ello que la reconstrucción de la Democracia exige como condición imprescindible, el restablecimiento de la moral pública.
Solo una campaña de moralización de la sociedad y del Estado puede recuperar la confianza pública necesaria al buen funcionamiento de las instituciones democráticas.El arma eficaz para luchar contra las tentaciones del dinero que corrompe es la constitución de un Consejo nacional de Ética y Moral compuesto de hombres y mujeres completamente independientes del poder político y económico encargados del control y de la transparencia de los fondos públicos. los miembros deben ser ciudadanos con un sentido profundo de la dimensión comunitaria del Contrato Social.Además, la corrupción esta íntimamente ligado al problema de la Deuda Externa. Por lo tanto, estos males también deben ser tratados conjuntamente sobre el plano internacional. La lucha abierta en los dos frentes nos obliga a buscar soluciones desde la perspectiva de la racionalización de la culpabilidad.A la pregunta: ¿ Quienes son los los verdaderos responsables de esta situación? Los corruptos ó los corruptores? El sentido común responde que ambos: Claro, el uno no puede existir sin el otro Entonces, obremos para que la comunidad internacional acepte este principio con el fin de deslindar la parte de responsabilidad que le corresponde a cada país y así poder reestructurar y reorganizar la deuda. Se tiene que devolver y pagar lo que es justo. Los Estados de países pobres y los acreedores privados ó públicos internacionales tienen que ponerse de acuerdo sobre dos puntos. Primero, un nuevo reparto de la responsabilización cifrada de la deuda de cada país. Luego, aunar fuerzas para llevar ante los tribunales internacionales de justicia a los autores de apropiación ilícita de partes importantes del dinero destinado a priori a mejorar la suerte material y espiritual de las poblaciones más pobres de la tierra. Este delito debe ser puesto al mismo rango del delito de crimen de lesa humanidad.
Merope
Paris/30032001